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jueves, 9 de octubre de 2008

Fecha: 22/05/2006

CONGRESO. Impulsan cambios en las leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor.


En el Congreso avanza un paquete de medidas que amplía las herramientas que tienen a mano los consumidores para defenderse de las empresas abusivas. Se trata de modificaciones a las actuales leyes de defensa del consumidor (24.240) y a la de defensa de la competencia (25.156). Estos retoques se instrumentaron mediante la aprobación de dictámenes en la Comisión del área (paso previo para que una iniciativa sea discutida en ambos recintos y se convierta en ley). El presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, señaló que "es nuestra voluntad discutir ambas iniciativas en la próxima sesión". Sería el miércoles 31. Las iniciativas tuvieron el seguimiento de la vice de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, quien ocupó hasta las elecciones de octubre la poltrona de la subsecretaría del área. Los cambios en danza son: -Competencia. La modificación que apunta a la ley 15.156, y establece que en adelante la oficina de Defensa del Consumidor tendrá la obligación de presentar denuncias ante la Comisión de Defensa de la Competencia cuando detecte denuncias de usuarios que pudieran suponer abusos de posición dominante. Es porque se incluiría que la actual ley no sólo defiende "el interés económico general" sino también "al consumidor". Además se ampliarían las "conductas prohibidas" para frenar fusiones empresarias. Hasta ahora, por ejemplo, si una empresa compra a otra superando el 40% del mercado pero sigue teniendo competencia, la autoridad de control no la condena. En el futuro se evaluaría el impacto de la fusión en todo el país. Siguiendo con el mismo ejemplo: si aún cumpliendo con esas condiciones a nivel nacional hay municipios que se queden sin servicio por la fusión, la operación sería objetada. -Tribunales. Hasta ahora sólo funcionan tribunales de consumo, que buscan un laudo previo a un juicio entre consumidores y empresas, en Capital Federal. Se busca con este proyecto que se extiendan a todo el país. Para que funcionen las compañías deben adherirse a este mecanismo. El laudo es de cumplimiento obligatorio y suele ser más ágil y menos costoso que un juicio. Los sectores que encabezan los reclamos en la Secretaría de Defensa del Consumidor son la telefonía celular y la medicina prepaga. -Garantías. Todos los bienes que se compren, exceptuando a los suntuarios o los perecederos, tienen por la ley vigente plazos de garantías, aunque no estén escritas. Este proyecto prevé que todas se lleven de los actuales 3 meses a los 6 meses. Ingresarían muebles, herramientas o anteojos, para citar sólo algunos casos. -Multas. Hasta ahora, cuando hay un conflicto entre una compañía y el consumidor si se lauda a favor del cliente, se le aplica una multa a la empresa, que ingresa al Fisco. Ocurrió con las telefónicas o las petroleras. Con este proyecto, y para compras de hasta $ 3.000, si el laudo es a favor del consumidor, la pena máxima apuntaría a exigirle al comerciante que devuelva el dinero que el consumidor usó en la compra del bien cuestionado.